El fiscal tiene un plazo de 10 días para preparar la acusación en contra de los ejecutivos
Foto: Agencias
SANTIAGO.- Luego de una audiencia realizada en el Séptimo Juzgado de Garantía, por el caso de colusión de las farmacias Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada, el juez ordenó el cierre de la investigación.
La orden se dio al fiscal
Luis Inostroza, a quien ahora le corresponderá en un plazo de diez días, ordenar las pruebas de acusación por el delito de alteración fraudulenta de precios, en contra de diez ejecutivos de las farmacias Salco-Brand, Cruz Verde y Farmacias Ahumada, además de un gerente del laboratorio Medipharm.
A esto hay que agregar que paralelamente la Fiscalía Nacional Económica (FNE) abrió una investigación, donde Farmacias Ahumada se acogió a un modo de "delación compensada" donde reconoció las irregularidades y entregó información contra la competencia.
Además, este proceso finalizó, concluyendo que hubo colusión en los precios de 222 medicamentos, entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. En enero de 2012, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia condenó a Farmacias Cruz Verde y Salcobrand a una multa de aproximadamente 19 millones de dólares para cada una.
El fiscal Inostroza en marzo del 2011 había formalizado a un total de 17 ejecutivos, sin embargo durante los últimos meses se allanó a aplicar la suspensión condicional del procedimiento para siete de ellos por colaboración en la indagatoria.
Quienes enfrentarán acusación, es decir, quienes serán sometidos a juicio son: Sergio Purcell Robinson, ex gerente general de Fasa (Farmacias Ahumada); Roberto Belloni, gerente general de Salcobrand; Ramón Ávila, gerente comercial de Salcobrand; Mehilin Velásquez, category manager de Salcobrand; Ricardo Ewertz, ex gerente comercial de Fasa, Mario Zemelman, gerente general de Medipharm; Ricardo Valdivia, gerente de la División Farma de Cruz Verde; Claudia Carmona, category manager de Salcobrand; Cristián Catalán, analista de Cruz Verde; y Judith Carreño Oteiza, asistente de Salcobrand.
Los ejecutivos arriesgan una pena que va desde los 61 días a los tres años de presidio remitido por el delito de adulteración fraudulenta de precios.
